El desafío de la vivienda propia

En los últimos 12 años, la proporción de familias propietarias de un bien inmueble cayó de 65,5% a 57% en Chile, lo que lo convierte en el miembro de la OCDE con la mayor pérdida en este indicador. Este retroceso contrasta profundamente con la evidencia histórica que posicionaba al país como una economía con alta tasa de acceso a la vivienda propia.

Tal descenso ha sido progresivo y persistente. De acuerdo con un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, casi dos tercios de las familias chilenas eran propietarias de una vivienda en 2010, cifra que bajó a cerca de 62% en 2019 y que se redujo en cinco puntos porcentuales más en 2022. En contraste, en el mismo periodo, la gran mayoría de los miembros de la OCDE avanzó hacia la propiedad. En la última década, Países Bajos y México lograron incrementos significativos, de 13 y 10 puntos, respectivamente. E, incluso, economías como Alemania y Suecia, tradicionalmente más restrictivas en acceso a la propiedad, registraron alzas menores, pero sostenidas.

La vivienda propia es más que un indicador económico, es un reflejo del impacto de las políticas públicas en la calidad de vida de las familias. 

El retroceso en Chile se relaciona tanto con factores de oferta, como de demanda. Durante las últimas dos décadas, el costo de construcción ha crecido a más rápido que los salarios familiares. Aunque el encarecimiento de las viviendas es global, la magnitud del problema en Chile es particularmente acentuada, debido a regulaciones excesivas, impuestos y restricciones que desincentivan la inversión en proyectos habitacionales. En esta contracción han sido igualmente relevantes las mayores exigencias financieras. Los efectos en el mercado de capitales, tras los millonarios retiros de fondos de las AFP, condujeron a mayores restricciones de créditos, tanto por efecto de tasas de interés más altas, como por el mayor pie, de hasta 20%, que debe acreditarse para acceder a financiamiento y que, necesariamente , requiere de más años de ahorro.

Desde la implementación del IVA a la construcción en 2016, que elevó los precios en 14%, hasta el constante aumento del valor del suelo, los materiales y la mano de obra, los costos ha superado con creces el crecimiento de los ingresos familiares Este desbalance se refleja en una menor oferta: en 2015, el 47% de las viviendas nuevas costaba menos de UF 2.000; hoy esa cifra apenas alcanza el 6%.

La vivienda propia es más que un indicador económico, es un reflejo del impacto de las políticas públicas en la calidad de vida. Las consecuencias de regulaciones desproporcionadas y trabas burocráticas de los últimos años son tangibles y han limitado el acceso a una inversión clave para la seguridad y el bienestar de las familias.Enfrentar este problema requiere un giro hacia políticas que impulsen una mayor colaboración entre los sectores público y privado, que promuevan incentivos a la inversión, simplifiquen trámites e incluyan reformas que reduzcan los costos asociados al desarrollo inmobiliario.